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La Corte Suprema de la Florida Falla en Favor de Permitir a los Ajustadores Públicos Solicitar Clientes

En el año 2008, la Legislatura de la Florida promulgó una ley que impide a los ajustadores públicos solicitar en las 48 horas siguientes a un desastre que los dueños de casas les permitan manejar sus casos. El propósito de la ley era impedir que los ajustadores públicos ejercieran una presión indebida sobre personas que todavía están traumatizadas por el desastre que acaba de ocurrir, incluso antes de que esas personas hayan tenido la oportunidad de resolver su caso con su propia compañía de seguros. Los proponentes de la ley argumentaron que estos asegurados pueden terminar contratando un ajustador público innecesariamente debido a la presión ejercida cuando su aseguradora podía haber estado más que dispuesta a pagar la póliza.

Ajustadores Públicos Descontentos

Obviamente, los ajustadores públicos no estaban contentos con esta ley. Por lo tanto, uno de ellos, Frank Kortum, demandó al Estado afirmando que la ley viola los derechos de libre expresión de las empresas y que las 48 horas iniciales eran críticas para evitar que esos mismos asegurados que la ley pretende proteger, no cometieran errores (como no preservar las evidencias necesarias o no reflejar en sus reclamaciones todos los daños ocurridos) que podrían acabar costándoles mucho más dinero.

Defendiendo la posición del Gobierno, el Departamento de Servicios Financieros de la Florida alegó que los ajustadores públicos estaban causando que los costos de las reclamaciones de los asegurados (y por lo tanto, sus primas) subieran.

Sentencia del Tribunal Supremo

La cuestión clave en este caso fue si la solicitud de negocio hecha por un ajustador público está protegida por la Constitución como libertad de expresión. Más específicamente, si la ley era aplicable a todas las formas de contacto hechas por un ajustador público (verbal, escrita, etc.) o sólo a algunas. El estatuto decía: “Un ajustador público no puede directa o indirectamente a través de cualquier otra persona o entidad iniciar un contacto o hacer una solicitud telefónica o cara a cara o firmar un contrato con cualquier asegurado o reclamante bajo una póliza de seguro por lo menos hasta 48 horas después de la ocurrencia de un evento que puede ser objeto de una reclamación bajo la póliza de seguro a menos que el contacto haya sido iniciado por el asegurado o el reclamante”.

La Corte Suprema de la Florida estuvo de acuerdo con el Sr. Kortum y los ajustadores públicos al encontrar que la solicitud de un ajustador público está tan protegida como la de un contador público, la cual que había sido considerada “protegida” en un caso anterior. Posteriormente, el Tribunal consideró que la ley “no estaba escrita de manera suficientemente restrictivamente como para servir a los intereses del estado de garantizar una conducta ética por parte de los ajustadores públicos y proteger a los propietarios como afirma el Departamento de Servicios financieros”. Por lo tanto, le corresponde ahora a la Legislatura redactarla nuevamente con un lenguaje que se conforme a la Constitución.

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